El ataque de Donald Trump a la ciudadanía por nacimiento: ignorancia, racismo y violaciones constitucionales

 

El ataque de Donald Trump a la ciudadanía por nacimiento: ignorancia, racismo y violaciones constitucionales

Por Germánico Vaca

Donald Trump ha demostrado repetidamente ignorancia y, lamentablemente, una disposición a exhibir ideas racistas y estúpidas. Su propuesta de revocar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados es una clara violación de la Constitución de los Estados Unidos y debería ser motivo de destitución si se atreve a violar la constitución. Esta propuesta ignora el “principio de legalidad”, a menudo resumido como “no hay castigo sin ley”. Este principio afirma que nadie puede ser castigado por un acto que no era ilegal cuando se cometió. Aún más fundamental, nadie debe ser castigado por el mero hecho de haber nacido y por disfrutar legítimamente de las protecciones garantizadas por la Constitución.

La 14.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, lo que hace que cualquier orden ejecutiva que revoque esta protección sea motivo de juicio político. El presidente no tiene autoridad para emitir decretos que contravengan las protecciones constitucionales. Además, incluso si se emitiera un decreto de ese tipo, no sería ejecutable debido al principio universal de que el castigo requiere una ley preexistente. Nadie puede ser castigado retroactivamente por actos que no fueron delitos en su momento. Las declaraciones de Trump revelan su ignorancia e incapacidad para razonar, lo que lo coloca en una situación vergonzosa a nivel mundial.

La ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento se puede adquirir de dos maneras: por haber nacido en territorio estadounidense o por tener al menos un padre que fuera ciudadano estadounidense en el momento del nacimiento. Revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento no solo violaría la Constitución, sino que también podría provocar protestas masivas y agitación económica, afectando a todos los ciudadanos nacidos de residentes no permanentes. La ciudadanía por derecho de nacimiento contrasta con la ciudadanía adquirida por otros medios, como la naturalización, y es esencial para los marcos legales y sociales de Estados Unidos.

 El derecho a la ciudadanía por nacimiento está garantizado a la mayoría de las personas nacidas en suelo estadounidense por la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 (ratificada el 9 de julio de 1868), que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen". Esta cláusula revocó la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott v. Sandford (1857), que negaba la ciudadanía estadounidense a los afroamericanos, y amplió este derecho de nacimiento para incluir territorios como Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Aunque esta cláusula excluía a los nativos americanos que vivían bajo soberanía tribal y a los hijos de diplomáticos extranjeros, la Ley de Ciudadanía India de 1924 extendió posteriormente la ciudadanía a los nativos americanos nacidos en los Estados Unidos.

Un principio jurídico fundamental en este caso es el "principio de legalidad", que establece que nadie puede ser castigado sin una ley que defina claramente el acto como un delito. Esto significa que ningún gobierno, incluido el presidente, puede penalizar a nadie por acciones que no fueron delictivas en el momento en que ocurrieron. Nacer en los Estados Unidos no es un delito, como tampoco lo es nacer bajo la protección de la Constitución. Penalizar a alguien simplemente por existir no solo sería inconstitucional, sino también una grave violación de los derechos humanos y las normas legales. Cualquier orden ejecutiva que intente revocar la ciudadanía por nacimiento sería nula y sin valor en virtud de este principio fundamental.

 Este principio de legalidad ha sido parte del derecho consuetudinario inglés durante siglos, y fue resumido por el filósofo Thomas Hobbes en 1651: “Ninguna ley, hecha después de un hecho realizado, puede convertirlo en un delito”. Este concepto influyó tanto en la Constitución de los Estados Unidos como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, enfatizando la necesidad de que las leyes sean claras y específicas. Sin esa claridad, las leyes no pueden aplicarse ni cumplirse de manera efectiva.

 El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos refuerza este principio, en particular a medida que las leyes cambian con el tiempo. Una excepción clave al artículo 7 permite el procesamiento por crímenes de guerra cometidos en el pasado, incluso si no se consideraban delitos en el derecho nacional en ese momento, como se vio en los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Esto garantiza que los dictadores y los autores de crímenes contra la humanidad no puedan evadir la justicia escudándose en las leyes nacionales.