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Monday, February 9, 2026

El tesoro de Ruminahui



El Tesoro de Rumiñahui

Más de diez mil millones de dólares han sido producidos por las minas del Ecuador desde 1930. Cada año, el país exporta aproximadamente 500 millones de dólares en oro. Sin embargo, en la práctica, ese oro es prácticamente regalado. Al pagar el 12 % por cada dólar producido y recuperar apenas un 3 % en regalías, el Ecuador subsidia alrededor del 9 % del valor de su propio oro. En términos simples, el país paga para que le roben su riqueza.

Para comprender por qué el Ecuador pierde tanto dinero con la explotación minera —y por qué esta situación debe terminar de inmediato— es indispensable entender primero cómo funciona el sistema de la dolarización. Ecuador se comprometió a pagar el equivalente al 12 % del PIB: un 9 % por concepto de señoreaje y un 3 % por la impresión del dólar. Pero eso no es todo. Para recibir esos dólares, el país debe vender bonos ecuatorianos, por los cuales paga entre un 8 % y un 10 % de interés, además de entre un 3 % y un 4 % en costos de colocación. En otras palabras, Ecuador pierde nada menos que entre un 23 % y un 28 % por cada dólar que entra al sistema.

El problema se agrava aún más cuando se considera que la minería forma parte del PIB. Si Ecuador produce 500 millones de dólares en oro, el 12 % de esa cifra se carga automáticamente como obligación dentro del PIB, mientras que el país recibe únicamente un 3 % en regalías. El modelo y el mecanismo que he diseñado para cambiar esta dinámica pueden convertir al Ecuador en uno de los países más prósperos del mundo. La clave está en hacer de cada ecuatoriano un accionista de las corporaciones que operan en el país y en integrar el oro como parte de la moneda de reserva nacional. He creado los planes específicos, el software y la forma de implementarlos para que Ecuador deje de pagar por el saqueo de su oro y, en cambio, cada ecuatoriano pueda recibir hasta un 7 % anual en dividendos.

Quizá por esa razón no resulta irrelevante recordar que, desde hace siglos, existe la leyenda de un tesoro oculto por el general Rumiñahui: un tesoro sin precedentes, escondido en lo profundo de las montañas, conocido como el oro de la Cueva del Jaguar. Se dice que nada menos que 750 toneladas de oro fueron ocultadas por Rumiñahui.

En 1532, el aventurero Francisco Pizarro llegó con apenas 180 hombres españoles y entre 700 y 800 esclavos reclutados en la isla de Cuba y en Panamá para enfrentar al soberano del llamado imperio del “Birú” —nombre anterior a la palabra Perú— en la ciudad de Cajamarca.

Pizarro tuvo una fortuna extraordinaria al llegar en el momento exacto en que el supuesto “Imperio del Tahuantinsuyo”, más fábula que realidad, se encontraba desgarrado por una cruenta guerra civil. La tribu dominante, pretendía gobernar sobre innumerables pueblos con lenguas, culturas y costumbres completamente distintas. Sin embargo, los testimonios escritos en las rocas halladas en la selva colombiana demuestran que los seres humanos han estado en Sudamérica por al menos 75.000 años, lo que debería poner fin a la simplificación absurda de hablar de un imperio homogéneo. Estas evidencias, minimizadas por haber sido encontradas en Sudamérica, son sin duda mucho más antiguas de lo que se nos ha dicho.

Es necesario aclarar un punto fundamental: nunca existió una tribu llamada “inca” como identidad étnica unificada. Ese nombre fue impuesto por los españoles, quienes creyeron erróneamente haber encontrado a los descendientes de Caín; de allí surge el término “INCA” como inversión simbólica. La tribu de Túpac Yupanqui se llamaba en realidad Sapa Runas, y hablaban jaqar, un dialecto aymara.

Es indudable que los pueblos del sur arrastraban décadas de resentimiento contra las tribus del norte, a quienes consideraban usurpadores. Túpac Yupanqui rompió con la tradición de nombrar heredero únicamente a un hijo de linaje Pachacútec—nacido de una de sus hermanas— y tuvo un hijo con una princesa cañari, a quien nombró Huayna Cápac como sucesor. Este hecho transformó profundamente la estructura política y cultural.

Hasta entonces, los líderes hablaban dialectos aymaras; los cañaris, en cambio, hablaban puquina, una lengua emparentada con el quechua. Huayna Cápac, criado como cañari, impuso su lengua materna y trasladó la capital a Ingapirca. Según los relatos, en una gran celebración envenenó a sus medio hermanos "Pachacútecs" y estableció una nueva élite gobernante.

Las tribus del norte, comandadas por el general Rumiñahui y su hermana Quilago, resistieron durante años. Finalmente, Huayna Cápac recurrió a la misma estrategia de su padre: propuso una alianza matrimonial con Quilago. De esa unión nació Atahualpa, quien nació en Karanki. Más tarde, Atahualpa decretó el quechua como lengua oficial del imperio, provocando su expansión por toda la región andina y el progresivo desplazamiento del puquina, el jaqar y el aymara.

Tras la muerte de Huayna Cápac y la subsequente muerte de su sucesor inmediato, estalló la guerra civil. Huáscar se declaró emperador y declaró la guerra a Atahualpa, quien contaba con el apoyo de los generales más experimentados del ejército.

Mientras esto ocurría, Francisco Pizarro, junto a Almagro y el clérigo Luque, con el apoyo secreto de Gaspar de Espinosa, convenció a la reina Isabel de Portugal —regente entre 1526 y 1533 en ausencia de Carlos V— de nombrarlo gobernador del ficticio “Tahuantinsuyo”. Ficticio, porque incluso siglos después queda claro que numerosas tribus —como los Tsáchilas, los Awa, los Cayapas, los Achuar, los Shuar, los Chachis y muchas otras— jamás formaron parte de ese supuesto imperio.

La farsa fue tan evidente que Cristóbal Vaca de Castro viajó posteriormente para juzgar a los Pizarro por haber engañado a la Corona. Existe un registro histórico clave: al llegar a Popayán, Vaca de Castro preguntó sorprendido a Benalcázar por qué llamaban “incas” a pueblos tan distintos entre sí en lengua, fisonomía y costumbres. La respuesta fue reveladora: Pizarro hacía lo mismo. Llamaba “incas” a todos, aun sabiendo que se trataba de tribus diferentes.

Cuando Pizarro regresó a Tumbes, consiguió rápidamente la ayuda de los enemigos de Atahualpa. Confiado tras derrotar a los sureños y al mando de 80.000 hombres, Atahualpa no temió a un pequeño contingente de españoles. En noviembre de 1532, Pizarro tendió una emboscada en Cajamarca. Atahualpa fue capturado.

Temiendo por su vida, Atahualpa prometió llenar una habitación de 24 pies de largo, 18 de ancho y 8 de alto con oro, y otra igual con plata. El rescate fue entregado, pero aun así, el 29 de agosto de 1533, Pizarro lo condenó a muerte bajo acusaciones falsas. Tras convertirse al cristianismo para evitar la hoguera, fue finalmente estrangulado.

Al conocer la traición española, el general Rumiñahui ocultó las aproximadamente 750 toneladas de oro destinadas al rescate en lo profundo de las montañas de los Llanganates. Capturado poco después, fue torturado hasta la muerte sin revelar jamás la ubicación del tesoro.

Durante siglos, múltiples expediciones intentaron encontrarlo. La llamada Guía de Valverde describía su localización con precisión enigmática. Frailes, mineros y exploradores desaparecieron misteriosamente. En el siglo XX, la mina de Yanacocha —“Lago Negro”— comenzó a producir miles de millones de dólares en oro en la región señalada por antiguas pistas.

¿Es cierta la historia del tesoro? No puede afirmarse con certeza absoluta. Pero los hechos históricos, las desapariciones documentadas, los mapas, los relatos coincidentes y la enorme riqueza extraída de la región hacen que esta historia no solo sea plausible, sino profundamente reveladora.

Allí permaneció el tesoro durante muchos años hasta que un español que vivía en las montañas Llanganates, Valverde Derrotero, se casó con la hija de un sacerdote del pueblo. El sacerdote, tiempo atrás, había encontrado el tesoro y, conociendo la codicia española por el oro, le reveló a su nuevo yerno su ubicación. Derrotero había sido un hombre pobre, pero después del matrimonio se convirtió en un hombre muy rico. Algunos años después regresó a España y, en su lecho de muerte, escribió un edicto de tres páginas al rey, revelando la ubicación del tesoro. Conocido como la Guía de Valverde, el documento proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo encontrar el tesoro.

Inmediatamente, el rey envió a un fraile llamado Padre Longo para investigar la posibilidad de la existencia del tesoro oculto. Durante su expedición, Longo envió un mensaje informando que habían encontrado el tesoro, pero en su camino de regreso por las montañas, desapareció misteriosamente.

Unos 100 años después de la desaparición de Longo, un minero llamado Atanasio Guzmán, que había estado extrayendo minerales en las montañas de Llanganates, dibujó un mapa que, según él, conducía al tesoro. Sin embargo, antes de poder reclamar su hallazgo, al igual que Longo, desapareció en las montañas.

No se supo nada más del tesoro hasta 1860, cuando dos hombres, el Capitán Barth Blake y el Teniente George Edwin Chapman, creyeron haber resuelto el enigma y se pusieron en busca del tesoro. Blake hizo mapas de la zona y envió comunicaciones a su país. En una de sus cartas escribió:

"Es imposible para mí describir la riqueza que yace en esa cueva marcada en mi mapa, pero no podría sacarla solo, ni siquiera con miles de hombres... Hay miles de piezas de oro y plata de artesanía inca y preinca, las obras de orfebrería más bellas que uno pueda imaginar, figuras humanas de tamaño natural hechas de oro y plata labrada, pájaros, animales, tallos de maíz, flores de oro y plata. Vasijas llenas de las joyas más increíbles. Jarrones de oro llenos de esmeraldas."

Sin embargo, los hombres no pudieron disfrutar de su botín, ya que en su camino de regreso de las montañas, Chapman desapareció, y Blake, un oficial naval de carrera, cayó misteriosamente por la borda mientras transportaba parte del oro para venderlo.

¿Es cierta la historia? Es difícil estar seguro, pero sabemos que una enorme cantidad de oro y plata fue entregada a los españoles. Existen relatos históricos de personas que desaparecieron, o en el caso de Blake, que cayeron por la borda, después de anunciar que habían encontrado el tesoro. También cabe destacar que, en una de sus crípticas pistas al rey español, Derrotero mencionó un lago negro. En algún momento de la década de 1930, la mina de oro de Yanacocha (o Lago Negro) entró en funcionamiento. Hasta la fecha, la mina ha producido más de 7 mil millones de dólares estadounidenses en oro. Y si bien encontrar oro en la zona donde Derrotero dijo que se encontraría el tesoro no confirma necesariamente la veracidad de la historia, sí la hace sumamente valiosa.

Stablecoins, Regulatory Capture, and the Quiet Engineering of Monetary Fragility

 


Stablecoins, Regulatory Capture, and the Quiet Engineering of Monetary Fragility

On July 18, after more than a decade of regulatory ambiguity surrounding stablecoins, the United States enacted the Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act. Publicly, the legislation was presented as a long-overdue effort to bring a portion of the crypto industry into a regulated framework, protect consumers, and reinforce the global role of the U.S. dollar. Structurally, however, the law does something far more consequential: it embeds privately issued digital liabilities directly into the core plumbing of the U.S. financial system while shifting risk outward and concentrating control inward.

The GENIUS Act requires stablecoin issuers to back their tokens one-for-one with cash or short-term U.S. Treasury securities, submit to audits, and comply with anti-money-laundering rules. On its face, this appears prudent. In practice, it creates a new class of private monetary intermediaries whose liabilities circulate as “digital cash” while their reserves are deeply entangled with Treasury markets. The law explicitly bars stablecoin issuers from paying interest, reflecting a legislative intent to treat stablecoins as payment instruments rather than investment products. Yet at the same time, the law leaves a critical gap: crypto exchanges are not prohibited from offering rewards or incentives to customers who hold stablecoins on their platforms.

This distinction is not cosmetic; it is foundational. By allowing exchanges to provide yield-like rewards, the system recreates interest-bearing behavior while formally denying that interest exists. Coinbase currently offers customers approximately 4.1 percent annual rewards for holding USDC, comparable to a high-yield savings account. Kraken advertises returns as high as 5.5 percent. From the consumer’s perspective, these instruments function indistinguishably from interest-bearing deposits. From a regulatory perspective, they are treated as something else entirely.

Banking industry groups have correctly identified this as a loophole. If consumers can earn returns comparable to or higher than insured bank deposits, while holding instruments that are not subject to bank capital requirements, liquidity rules, or FDIC insurance, a structural incentive emerges to migrate funds out of the banking system. The Federal Reserve Bank of Kansas City has warned that if stablecoins are funded through withdrawals from bank deposits, banks will have fewer funds to lend, potentially increasing borrowing costs across the economy. The Treasury Department has gone further, estimating that as much as $6.6 trillion could move from bank deposits into stablecoins under plausible scenarios.

What these analyses often miss, however, is the deeper monetary consequence. Stablecoins do not merely reallocate existing money; they amplify it. Because stablecoins are denominated, traded, and settled in U.S. dollars, their growth functions as a form of on-demand balance-sheet expansion. When demand for stablecoins rises, new dollar-denominated liabilities are created instantly, while reserves are parked in Treasuries. The result is not neutral intermediation but a feedback loop between private token issuance and public debt markets.

This creates a paradox. Stablecoins are marketed as safer because they are backed by Treasuries, yet Treasury markets themselves become more fragile as they absorb concentrated, redemption-sensitive demand from stablecoin issuers. In a stress scenario, redemptions force Treasury liquidations, which depress prices, which further undermine confidence in stablecoins. This is a procyclical structure masquerading as stability.

The Bank for International Settlements has already noted that even the least volatile stablecoins “rarely trade exactly at par,” calling into question their reliability as a means of payment. More importantly, because stablecoins such as Tether and USD-pegged instruments derive their value entirely from the dollar, they cannot serve as a hedge against dollar instability. If confidence in U.S. fiscal or monetary credibility erodes, stablecoins do not provide refuge; they collapse alongside the dollar. Every crypto asset priced in dollars is, in this sense, a derivative of dollar stability. Destroy the denominator, and the numerator becomes meaningless.

Despite this, stablecoins are already being used in cross-border settlement contexts, including sovereign and quasi-sovereign trade arrangements. This accelerates the migration of payment flows away from regulated banking rails and into private platforms whose governance structures, audit practices, and legal accountability remain opaque. While the GENIUS Act mandates audits, few detailed, independently verified public audits have been made available to demonstrate reserve composition, liquidity stress tolerance, or governance controls at the scale implied by current usage.

The problem is compounded by concentration. A small number of financial intermediaries manage enormous pools of Treasury securities on behalf of stablecoin issuers. When financial power, policy influence, and asset custody intersect, even the appearance of conflicts of interest becomes destabilizing. This is not a claim of illegality; it is a recognition that modern financial crises are rarely caused by explicit fraud. They are caused by structural incentives that reward risk-taking while diffusing accountability.

Advocates argue that stablecoin rewards simply introduce healthy competition, forcing banks to raise rates and modernize. Yet this argument ignores a fundamental distinction: banks create credit through regulated lending, subject to capital buffers and supervision. Stablecoin ecosystems create dollar-denominated claims without comparable loss-absorption mechanisms. If a bank fails, insured depositors are protected and resolution frameworks exist. If a stablecoin ecosystem fails, the legal and political pressure to intervene will fall on public institutions that explicitly disclaimed responsibility.

The legislative history reinforces this concern. The prohibition on interest was intended to preserve the distinction between digital cash and investment products, yet the compromise that allowed exchange-level rewards undermines that premise. Stablecoins are declared not to be securities, yet they increasingly behave like yield-bearing instruments. This blurs regulatory boundaries while evading the disclosure and consumer-protection requirements that securities law exists to enforce.

As Congress now considers the CLARITY Act, which aims to establish broader crypto market structure rules, the same interests that shaped the GENIUS Act are returning to relitigate unresolved provisions. Banks, crypto firms, and financial intermediaries are all maneuvering to secure advantage in what is effectively a multitrillion-dollar contest over deposits, payment flows, and interest margins. Meanwhile, major banks are preparing to issue their own stablecoins or tokenized deposits, further entrenching private digital liabilities as substitutes for public money.

The cumulative effect of these developments is not innovation but quiet fragilization. Crisis language is deployed without declared emergencies. Public credit supports private balance sheets without explicit appropriation. Control over monetary instruments migrates away from democratically accountable institutions. When failure eventually occurs, blame will be diffuse, while costs will be public.

This is why oversight is not optional. Congress must examine reserve custody, governance authority, redemption mechanics, conflict-of-interest exposure, and systemic stress scenarios before scale makes correction impossible. Transparency now is cheaper than intervention later. The United States has learned repeatedly that when private financial structures become “too embedded to unwind,” the public inherits both the losses and the political fallout.

Stablecoins do not threaten the system because they are new. They threaten it because they are being treated as neutral plumbing when they are, in fact, private money. History is unforgiving to societies that confuse the two.

Dear Senators,

I am writing to request a formal congressional review and audit concerning the creation, capitalization, and systemic financial risk posed by the entities known as World Liberty Financial (WLF) and the dollar-pegged crypto asset USD1, including the roles of their founders, partners, and affiliated financial institutions.

This request is not political. It is structural, financial, and national-security related.

At issue is whether a privately controlled, dollar-pegged crypto structure—promoted by politically exposed persons and allegedly capitalized with foreign funds—creates a mechanism that could accelerate instability in U.S. capital markets, the U.S. dollar, and public trust in American financial governance.

1. Core Structural Concern

USD1 is reportedly marketed as a U.S. dollar–pegged digital asset that also holds exposure to U.S. securities and crypto assets. By design, this structure creates a critical dependency:

  • USD1’s stability depends on the continued solvency and credibility of the U.S. dollar.
  • Its reserve assets are reportedly tied to U.S. Treasuries and dollar-denominated instruments.
  • It is traded within crypto markets that themselves are largely priced in U.S. dollars.

This creates a circular risk loop:
If confidence in the dollar weakens, USD1 cannot meaningfully hedge or redeem, because its assets and pricing mechanism depend on the same currency it claims to mirror.

In a stress scenario, this is not diversification—it is concentration.

2. Alleged Foreign Capital Involvement and Market Losses

Public reporting and blockchain analysis circulating in the crypto community suggest that a foreign investor—widely described as a UAE royal figure—may have provided up to $500 million in funding associated with the USD1/WLF ecosystem.

Additionally, it is alleged that approximately $94 million was deployed into Bitcoin and Ethereum around January 20, 2025, when prices were approximately:

  • Bitcoin: ~$102,000
  • Ethereum: ~$3,365

At current market levels (Bitcoin ~$69,000; Ethereum ~$2,000), this would represent a drawdown of roughly 35–40%, reducing $94 million to approximately $59 million.

These losses raise several questions appropriate for oversight:

  • Who authorized these allocations?
  • Were they disclosed to investors or counterparties?
  • Were political relationships used to signal implied downside protection?
  • Were U.S. persons exposed, directly or indirectly?

Losses alone are not crimes—but opacity combined with political proximity is a red flag.

3. Political Exposure and Conflicts of Interest

What elevates this matter beyond ordinary crypto risk is the reported involvement of politically exposed persons, including:

  • Donald J. Trump
  • Donald Trump Jr.
  • Eric Trump
  • Barron Trump
  • Steve Witkoff and his two children and related partners

If accurate, this creates an unprecedented scenario in which:

  • The U.S. president is associated with a private dollar-linked financial instrument
  • Foreign capital may be intertwined with that structure
  • Any collapse or failure would almost certainly be politically blamed, regardless of who engineered it

This is a classic moral hazard and blame-transfer structure:
If the system fails, the damage accrues to U.S. institutions and the dollar, while private actors externalize risk.

4. Systemic Risk to the Dollar and Crypto Markets

A critical but under-discussed issue is this:

If the U.S. dollar were to experience a sovereign debt crisis, liquidity freeze, or credibility shock, then:

  • Dollar-pegged stablecoins backed by U.S. securities would face simultaneous asset and redemption failure
  • Crypto markets priced in dollars would suffer pricing collapse
  • Stablecoins marketed as “safe” could rapidly go to zero in real terms

In such a scenario, USD1 would not be a stabilizer—it would be an accelerant.

This is not theoretical. It is a basic consequence of pegging a private instrument to a sovereign currency while also relying on that same sovereign’s debt instruments for backing.

5. Requested Congressional Action

Given the above, I respectfully request that Congress consider:

  1. A formal audit of:
    • Cantor Fitzgerald and related custodial or advisory roles as they own $80 billion in US treasuries, while its main owner is Howard Lutnick secretary of Commerce, (talk about conflict of interest and personal enrichment)
    • World Liberty Financial (WLF) (Owned by Trump, his children and Steve Witkoff and his children)
    • USD1 reserve structures and counterparties
  2. Full disclosure of:
    • All founders, partners, beneficial owners, and foreign investors
    • Capital flows, asset allocations, and reserve compositions
    • Any political or diplomatic communications related to funding
  3. Independent technical review by experts in:
    • Crypto market structure
    • Stablecoin failure modes
    • Sovereign debt and currency risk
    • National security finance
  4. Clear separation standards between public office and private dollar-linked financial instruments.

6. Why This Matters Now

If these structures collapse later, the narrative will not be technical—it will be political.
The public will not distinguish between private engineering and public responsibility.

The question is not whether crypto should exist.
The question is whether the U.S. dollar itself is being used as collateral in a privately engineered risk structure without adequate oversight.

That is squarely within Congress’s constitutional responsibility.

Thank you for your attention to this matter and for your continued service to the integrity of U.S. financial governance.

Respectfully,
Concerned Citizen and Financial Systems Analyst

Saturday, February 7, 2026

Is anybody home in Congress?

 


Is anybody home in Congress?

Apparently, there is no longer a United States legislative branch, or they have gone missing in action. Because everything I see coming out of the executive branch is that they are irrelevant.

Project Vault: Strategic Reserve or Corporate Risk Shield?

By Germanico Vaca

The Export–Import Bank’s newly announced “Project Vault” is being marketed as a U.S. Strategic Critical Minerals Reserve designed to protect national security and supply chains. However, its structure raises serious concerns about transparency, governance, and the allocation of public risk versus private reward.

Unlike the Strategic Petroleum Reserve—fully owned, controlled, and deployed by the federal government—Project Vault is an independently governed public–private partnership. Its assets are financed through a $10 billion government-backed loan approved without direct Congressional appropriation, placing taxpayers on the hook while control remains private.

Major manufacturers including Boeing and GE gain guaranteed access to critical materials without bearing market volatility. At the same time, global commodity trading firms specializing in arbitrage and storage are embedded in the project’s core operations. This combination creates incentives not merely to stabilize supply, but to profit from volatility under government protection.

The initiative lacks disclosed rules governing pricing, release conditions, conflict-of-interest safeguards, or downside risk exposure. Claims of “net positive returns for taxpayers” are made without published assumptions, stress tests, or clawback provisions.

In effect, Project Vault functions less as an emergency reserve and more as a state-backed industrial insurance mechanism—one that privatizes gains while socializing losses. If supply-chain resilience is the goal, transparency, public control, and broad market access should be non-negotiable. As structured, Project Vault risks becoming a precedent for off-budget industrial policy that bypasses democratic oversight under the banner of national security.

1. Project Vault — Plain-English Translation

What JD Vance or JD Bowman, J Hamel, or whatever his name is, says:
“A Strategic Critical Minerals Reserve to protect supply chains and national security.”

What it actually means:

The U.S. government is backstopping a $10 billion private minerals warehousing and trading operation, run by major manufacturers and global commodity traders, using taxpayer-backed credit—without Congressional appropriation—under the banner of “national security.”

The materials will be:

  • Bought with government-backed loans
  • Stored domestically
  • Controlled by a private governance structure
  • Released based on rules you do not see

This is not a public reserve in the classical sense.
It is a state-guaranteed inventory pool for the wealthy corporations.


2. The $10B — Where it really comes from

Let’s be very precise.

  • EXIM did not “find” $10B
  • Congress did not vote on $10B unless Mike Johnson found it while he was on his knees.
  • Taxpayers were not asked

EXIM used its authority to create credit, backed by:

  • The U.S. Treasury
  • The implicit promise: “If this blows up, we’ve got it.”

This is monetary power without budgetary friction.

That alone should trigger alarms. But there is no longer any intelligence in Congress and so what is the point.


3. Who actually controls Project Vault?

They use the phrase:

“Independently governed public-private partnership”

Translation:

  • Not a federal agency
  • Not fully subject to FOIA
  • Not elected
  • Not price-transparent
  • Not democratically accountable

Independently governed = insulated from oversight

This is exactly how you design something if:

  • You want flexibility for insiders
  • You want plausible deniability for politicians
  • You want to avoid messy hearings later

4. Now the core: Risk vs. Reward Map

Risk (who eats losses)

Taxpayers

  • If prices fall
  • If demand projections fail
  • If materials become obsolete
  • If mismanagement occurs
  • If geopolitics shift the wrong way

You won’t hear this, but it’s real.


Guaranteed Winners (no matter what)

1. Large OEMs (Boeing, GE, etc.)

  • Locked-in access
  • Reduced volatility
  • Preferential supply
  • No capital tied up
  • No market risk

They get insurance without paying market rates for it.


2. Commodity Trading Houses (Mercuria, Traxys, Hartree)

This is the jackpot.

They specialize in:

  • Storage
  • Forward contracts
  • Arbitrage
  • Volatility
  • Market timing

Now add:

  • Government-backed financing
  • Guaranteed buyers
  • Strategic justification
  • Political cover

This is trader heaven.


Who is missing (and that’s loud)

  • Small manufacturers
  • Domestic mining cooperatives
  • New entrants
  • Transparent public pricing
  • Citizen equity participation

If this were truly about resilience, these would be central.

They aren’t.


5. The most dangerous sentence in the entire text

“Delivers a net positive return for U.S. taxpayers”

This sentence appears without:

  • A rate of return
  • A loss scenario
  • A downside cap
  • A clawback clause
  • A public audit mechanism

That sentence is faith-based finance.

Historically, whenever governments say this before the project runs, it means:

Upside is privatized, downside is socialized.


6. Why this feels “cooked”

Pattern recognition, not paranoia.

This checks every box of a familiar maneuver:

  • Crisis language without a crisis
  • Off-budget financing
  • Private control under “security” branding
  • Big incumbents only
  • Commodity traders embedded
  • Zero transparency on rules
  • Moral shield: national interest

That combo has never been about the public.


7. The quiet truth no one is saying out loud

This is not a reserve.

It is a government-enabled industrial price-control and risk-transfer mechanism, designed to:

  • Protect major corporations
  • Stabilize their input costs
  • Preserve margins
  • While shifting volatility to the public balance sheet

That’s why it smells wrong.
Because it is structurally asymmetric.

 

La Gran Colombia: la retórica de la integración y la realidad del poder

 


La Gran Colombia: la retórica de la integración y la realidad del poder

Los pueblos de Sudamérica han fallado históricamente en analizar lo que ocurre detrás del telón del drama y la comedia que se les presenta en la farsa teatral de la política regional. En lugar de examinar el poder, la estrategia y la coerción, el público consume espectáculo. Mi intención es romper ese patrón y explicar lo que realmente está ocurriendo.

Se nos repite constantemente que la “noble idea de la Gran Colombia” debe ser revivida. Muchos no pueden —o no quieren— ver el propósito siniestro que se esconde detrás de esta propuesta. No se trata de un gesto romántico ni simbólico. Es una estrategia deliberada de división y una expresión clara de ambición económica agresiva.

Lo que se ignora de manera sistemática es el hecho más evidente: la sola propuesta de revivir la “Gran Colombia” implica necesariamente la eliminación de las fronteras de Ecuador y Venezuela. Negar esto no es ingenuidad; es deshonestidad intelectual.


1. Petro y la reactivación de la “Gran Colombia”

El presidente Gustavo Petro ha hablado públicamente de la “Gran Colombia” como una visión de integración política y económica regional. Históricamente, la Gran Colombia incluía a los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Petro presenta esta idea como un proyecto democrático, supuestamente basado en votaciones populares, coordinación institucional, ciudadanía compartida, integración comercial e incluso una posible alineación monetaria, y no como una anexión forzada.

Pero la pregunta real es otra: ¿por qué Petro viajó a Estados Unidos para mantener una reunión a puerta cerrada con Donald Trump?

La respuesta no es diplomacia simbólica. El objetivo fue presentar un plan inmediato para borrar las fronteras nacionales de Venezuela y Ecuador bajo el mandato —o al menos la tolerancia— de los Estados Unidos.

Esto no sería algo sin precedentes. Ecuador ya experimentó este tipo de coerción con el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, cuando, bajo el pretexto de la Segunda Guerra Mundial y la supuesta urgencia de la paz, fue obligado a ceder casi la mitad de su territorio. Apenas meses después, las llamadas potencias garantes firmaron acuerdos para la exploración petrolera en lo que repentinamente pasó a llamarse “territorio peruano”.

La visión política de largo plazo de Petro —ya sea presentada como integración o como una confederación al estilo de la Unión Europea— tiene como objetivo final el control del inmenso patrimonio económico de múltiples naciones.


2. La narrativa de lo “simbólico” como escudo

La mayoría de los análisis dominantes insisten en que la retórica de Petro es meramente simbólica o aspiracional, no militarista. La falta de detalles concretos sobre su implementación se presenta como prueba de que no es más que retórica provocadora.

Ese argumento se derrumba con un mínimo de análisis.

Estamos hablando de un exguerrillero del M-19, una organización que buscó el poder mediante la violencia, los secuestros y la insurrección armada. Petro no es un idealista ingenuo. Es un exinsurgente que entiende que las armas por sí solas no garantizan el poder duradero. La manipulación sí.

Hoy Petro envuelve sus ambiciones en el legado de Simón Bolívar, evitando cualquier lenguaje explícito de coerción o anexión. Pero ni Ecuador ni Venezuela han manifestado interés alguno en ser liderados —o absorbidos— por un exmiembro del M-19 bajo un estandarte bolivariano romantizado.


3. La ilusión de la diplomacia

La estrategia de Petro se apoya en proyectar una imagen diplomática en lugar de confrontacional. A pesar de su historial de retórica antiestadounidense, la realidad es simple: Colombia ha dependido del financiamiento de Estados Unidos durante más de dos décadas, y Petro lo sabe.

Las reuniones entre Petro y Trump se describen como cordiales y centradas en la cooperación, especialmente en temas de narcotráfico y seguridad regional. El relato oficial insiste en que no existe ningún informe creíble sobre acuerdos secretos relacionados con los recursos de Ecuador o la eliminación de la soberanía venezolana.

Pero fuentes de inteligencia relatan una historia muy distinta.


4. Realpolitik, no fantasía

Los líderes políticos suelen utilizar imágenes históricas grandilocuentes para ocultar sus verdaderos objetivos. Esto no significa automáticamente que:

  • la conquista militar sea imposible

  • la soberanía esté garantizada

  • no existan acuerdos encubiertos

El error que comete la mayoría es asumir que, porque algo no se declara abiertamente, no existe.

Petro aprendió hace mucho tiempo que la fuerza bruta fracasa. La manipulación política funciona. La “Gran Colombia” no es un sueño bolivariano; es un disfraz estratégico para consolidar el control sobre la enorme riqueza de Venezuela y Ecuador.


5. Lo que realmente está ocurriendo

Las dinámicas reales son las siguientes:

  • La relación diplomática entre Petro y Trump se presenta como estabilizadora, pero en realidad ambos se utilizan mutuamente. Trump ve valor en el caos; Petro se lo ofrece.

  • La retórica de la Gran Colombia es real. El objetivo es la unificación territorial para centralizar poder y riqueza.

  • Se nos repite que “no hay evidencia” de acuerdos secretos. Esto refleja ignorancia estratégica, no realidad.

  • La historia latinoamericana demuestra que las grandes operaciones geopolíticas —como el Plan Colombia— nunca se anuncian de forma transparente. Ese plan duró décadas, costó miles de millones y destruyó innumerables vidas.


6. La realidad en el terreno

Estados Unidos está activamente generando inestabilidad regional:

  • Venezuela es coaccionada mediante sanciones y amenazas existenciales.

  • Ecuador es sobornado con migajas económicas y accesos selectivos al mercado.

  • Colombia es manipulada a través de la dependencia y la fragilidad del poder de Petro.

El narcotráfico, la migración y la seguridad fronteriza no son temas nuevos. Han sido explotados durante cincuenta años.

Sin embargo, los medios descartan preocupaciones legítimas como “temores infundados”, mientras promueven abiertamente la reactivación de la Gran Colombia, un concepto que por definición exige la eliminación de fronteras soberanas.

Afirmar lo contrario no es periodismo. Es propaganda.


7. ¿Por qué existe la narrativa de la Gran Colombia?

Se nos dice que las motivaciones de Petro son:

  • cooperación regional

  • estabilidad económica

  • identidad histórica

Esto es absurdo.

Un guerrillero marxista no busca cooperación; busca control. Petro no es un pluralista. Es un absolutista. No se ha presentado ningún tratado concreto porque la coerción no comienza con documentos, sino con presión.

Petro comprende perfectamente el poder de presión que Estados Unidos ejerce sobre Ecuador y Venezuela. Ese poder ahora está siendo instrumentalizado.

Pretender que esto no está ocurriendo no es escepticismo: es ceguera voluntaria.