Independencia, inmigración y la traición al debido proceso
Uno de los mitos más dañinos en el discurso político estadounidense actual es la idea, repetida con ligereza y profunda ignorancia histórica, de que Estados Unidos nació plenamente como nación el 4 de julio de 1776. Este error no es inocente. Hoy está siendo utilizado como arma política para justificar políticas que contradicen directamente los fundamentos constitucionales del país, en particular en el trato hacia los inmigrantes y sus familias.
La Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson en 1776, no marcó el nacimiento de Estados Unidos como nación. Fue una declaración de intención por parte de trece colonias británicas cuyos habitantes seguían siendo súbditos del Imperio Británico. La independencia no fue inmediata ni automática. Siguieron años de guerra hasta que Gran Bretaña reconoció formalmente esa independencia en el Tratado de París de 1783. Incluso entonces, aún no existía una nación unificada.
No fue sino hasta 1787—once años después de la Declaración—cuando se redactó la Constitución que creó una nueva entidad política: los Estados Unidos de América. Esa Constitución fue escrita, en su gran mayoría, por inmigrantes. La mayoría de los llamados Padres Fundadores habían nacido fuera del territorio colonial o eran súbditos británicos, y otros provenían de familias recientemente llegadas de distintos países europeos. No eran “nativos” en el sentido nacionalista moderno. Eran migrantes que comprendían profundamente el peligro del poder arbitrario.
Por esa razón, la Constitución no limita las garantías fundamentales a los “ciudadanos”. Utiliza deliberadamente el término personas.
La Quinta Enmienda no establece que solo los ciudadanos tienen derecho al debido proceso legal. Tampoco lo hace la Decimocuarta Enmienda. Ese lenguaje fue cuidadosamente elegido. Los redactores entendían que si un gobierno puede negar el debido proceso a cualquier grupo considerado indeseable, entonces la libertad queda a merced del capricho político.
Sin embargo, hoy miles de inmigrantes están siendo detenidos, expulsados o separados de sus familias sin un debido proceso real. La lógica promovida por figuras como Stephen Miller no es originalismo constitucional. Es una renuncia abierta a la Constitución. Exige que los estadounidenses olviden no solo lo que dice la ley suprema del país, sino por qué fue escrita.
La ciudadanía por nacimiento es otro ejemplo claro. La Decimocuarta Enmienda fue adoptada en 1868 porque la nación reconoció una necesidad moral y legal: los hijos nacidos en Estados Unidos no debían heredar la condición de vulnerabilidad, exclusión o apatridia debido al origen de sus padres. No fue un accidente ni una concesión ideológica. Fue una lección aprendida tras la esclavitud, la discriminación y una guerra civil devastadora.
Atacar hoy la ciudadanía por nacimiento es atacar uno de los pilares más estabilizadores del sistema jurídico estadounidense. Es negar la historia de un país construido generación tras generación por inmigrantes que se convirtieron en estadounidenses no por sangre, sino por la ley.
Lo más peligroso del momento actual no es solo la retórica agresiva, sino la normalización de violaciones constitucionales. Cuando el poder ejecutivo ignora el debido proceso, cuando las fuerzas del orden recurren al perfil racial, y cuando las instituciones legales se subordinan a la lealtad política en lugar de a la Constitución, el Estado de derecho comienza a desmoronarse.
La respuesta a esta crisis no puede ser la violencia ni la justicia por mano propia. La Constitución no sobrevive cuando se abandona en tiempos difíciles. Sobrevive mediante la resistencia legal: los tribunales, las demandas colectivas, la supervisión del Congreso y la rendición de cuentas públicas. Si ha habido violaciones masivas de derechos civiles, el remedio debe ser legal, transparente y basado en la misma Constitución que hoy se intenta socavar.
La historia es clara: cuando un gobierno normaliza la negación de derechos a un grupo, eventualmente pone en peligro a todos. Los Fundadores lo sabían. Los autores de la Decimocuarta Enmienda lo sabían. Olvidarlo no es patriotismo; es amnesia histórica.
Estados Unidos no nació de la exclusión. Nació de la resistencia al poder sin límites. Cualquier movimiento que exija obediencia a costa del debido proceso no defiende los cimientos de la nación: los traiciona.
Y eso es lo que hace que este momento no sea solo político, sino profundamente constitucional.
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